Por decisión del gobernador Gustavo Bordet, la tarifa eléctrica continuará congelada en Entre Ríos hasta el 31 de enero próximo. Así lo informó la secretaria de Energía, Silvina Guerra, tras la reunión que mantuvo con el primer mandatario entrerriano.
«En Entre Ríos el servicio eléctrico es de excelencia y es muy superior al de otras provincias», aseguró la funcionaria, al término de la reunión realizada este lunes en el despacho del gobernador, y con la presencia del ministro de Economía, Hugo Ballay, y acotó que «por decisión del gobernador, la tarifa eléctrica sigue congelada hasta el 31 de enero próximo, con el fin de no afectar el bolsillo de los entrerrianos».
Luego señaló que «en 2022 veremos cómo sigue este esquema, cómo se sale de la emergencia sanitaria».
Obras
Por otra parte, la funcionaria comentó que con el gobernador «repasamos el avance de la programación que tiene la Secretaría de Energía en cuanto a inversiones de obras y tarifas sociales, principalmente».
En cuanto a las obras, mencionó que «repasamos las que se han terminado en este año, como las de Pueblo Belgrano y Sauce de Luna, que son localidades nuevas que se han incorporado al servicio. En el caso de Pueblo Belgrano, se está trabajando en una ampliación para que más vecinos accedan al gas natural; se sigue trabajando en Concordia, en Federal, en Victoria, en Paraná con la ampliación; y tenemos obras cuyas ofertas se están evaluando para adjudicarlas en noviembre, como el caso de Libertador San Martín, Strobel, Viale, Hernández y Galarza”.
Además, dijo que «seguimos trabajando en lo que es la agenda de licitaciones a futuro en lo que hace la gas natural. Lo que vamos a licitar antes de fin de año es el Parque Industrial de Cerrito; la localidad de Larroque, que está necesitando una ampliación de la red de gas; y Ramírez, que ha estado trabajando con la Dirección de Desarrollo Gasífero proyectando una ampliación que se licitará en los próximos días».
Por otro lado, indicó que estuvieron viendo «la programación de 2022, ampliando la red de gas natural en toda la provincia. Tenemos muchos pedidos y estamos tratando de administrar los recursos para poder dar atención a todos los proyectos que nos traen los intendentes y los legisladores».
En el caso de la electrificación rural, señaló que «se está trabajando con proyectos en todas las zonas del norte. En estos momentos tenemos obras en ejecución en el departamento Federal; estamos trabajando para licitar una obra en departamento Feliciano, que es un compromiso que hizo el gobernador con los vecinos; también en el sur, en el departamento Gualeguay, se licitará en los próximos días una obra de electrificación rural que alcanzará a 100 usuarios aproximadamente”.
En cuanto a las tarifas sociales, expresó: «Seguimos con el esquema de auxilio a los sectores más vulnerables y que necesitan una mano. También la asistencia a clubes y a clínicas y sanatorios, que nos han dado una gran ayuda en la pandemia y se las auxilió con el subsidio a la tarifa eléctrica; y a los sectores productivos, arandaneros, arroceros”.
“En general, estamos proyectando para llegar al vecino, mejorarle la calidad de vida y auxiliar a los sectores vulnerables con la tarifa social. Además, dando una mano siempre a los sectores productivo e industriales que necesitan desarrollarse para generar competitividad, mejores precios, mejor salida al mercado, fijándonos siempre en el abastecimiento de la energía eléctrica y el gas natural a los parques industriales y a todos los sectores productivos de la provincia”, finalizó Guerra.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.
La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un fallo a favor de la educación pública
Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.
El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:
El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.
Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.
Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.
El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.
El eje del reclamo: sumas no remunerativas
El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:
FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).
Conectividad (CPC).
Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.
Impacto en jubilados y aportes patronales
La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:
Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.
Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.
Un escenario de ruptura
Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».
Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) realizará un encuentro este jueves 9 de abril. Los congresales de toda la provincia analizarán el conflicto salarial con el Gobierno de Entre Ríos.
El sindicato docente mayoritario de la provincia se reunirá desde las 9 en la sede de la seccional de la ciudad de Colón. Durante la jornada, los representantes de los diecisiete departamentos debatirán la situación actual de las negociaciones y determinarán las próximas acciones gremiales.
La convocatoria ocurre en un contexto de alta tensión entre el sector educativo y el Poder Ejecutivo provincial. El gremio mantiene un plan de lucha ante la falta de una resolución satisfactoria en las discusiones por recomposición de haberes.
En las últimas semanas, los docentes entrerrianos concretaron medidas de fuerza que incluyeron un paro total de actividades y movilizaciones en diferentes ciudades. En Paraná, el sindicato encabezó una marcha de antorchas donde se exigió la reapertura de la paritaria y se manifestó el rechazo a posibles cambios en el sistema previsional.
Referentes de AGMER señalaron durante las protestas que no es posible alcanzar la calidad educativa sin salarios adecuados para los trabajadores. Además, cuestionaron la escasez de avances en el diálogo con las autoridades provinciales.
El Congreso Extraordinario de este jueves servirá para evaluar la continuidad de las protestas y el alcance de las nuevas medidas que se adopten en el marco del conflicto.
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