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Habrá un cupo de viviendas del Iapv para trabajadores de administración pública

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El gobierno asignará un cupo del 5 por ciento de las viviendas que construye el IAPV a los trabajadores de la administración pública. Lo hizo saber Gustavo Bordet este martes durante un acto en el que se creo una comisión para estudiar la reforma y actualización de la ley Nº 9892 de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria que nuclea a los profesionales de la Salud.
«Sé del esfuerzo que pone cada uno de los trabajadores profesionales y no profesionales, muchos de los cuales están aquí hoy. En los centros de salud, en hospitales, el compromiso que tiene todo el personal para poder trabajar. No me cabe duda que el plantel de recursos humanos que tenemos en salud de la provincia es inmejorable y está dentro de los mejores, comparativamente a nivel nacional. Pero no hay que conformarse con eso, hay que optimizar e ir por mucho más, y tener previsibilidad en el tiempo», dijo Bordet.

Dijo que ese camino se transitará «codo a codo con los trabajadores de la salud, con las organizaciones gremiales, integrado con otros sectores de la salud. Entendemos que el sistema sanitario es uno solo, defendemos la salud pública, pero tenemos que ir tras la búsqueda de un sistema único e integrado que permita en definitiva tener una mejor calidad para la atención a nuestros pacientes. En ese camino estamos».

La entrega del decreto de creación de la comisión tuvo lugar en el salón de actos de la Universidad Católica Argentina (UCA), con la presencia de los ministros de Salud, Ariel de la Rosa, y de Gobierno, Mauro Urribarri; el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Alfredo Francolini; el diputado José Allende, en su carácter de presidente de la Comisión de Salud de la cámara baja; demás integrantes de esa comisión; legisladores provinciales; representantes de profesionales de la Salud; y público en general.

Al hablar en el acto, el gobernador dijo que hace tiempo se viene conversando para poner en funcionamiento esta comisión. «Es un gusto estar hoy, porque a muchos los conozco de otra etapa, de cuando me tocó ser ministro de Salud en la provincia y con varios hemos trabajado y hablado mucho de estos temas. De cómo organizar las carreras profesionales, de poder tener una reglamentación clara que permita el reconocimiento de cada profesional y también la seguridad de que las medidas que se toman trascienden en el tiempo y se pueda conformar con estabilidad, una trazabilidad a futuro, de la carrera de cada profesional».

Luego afirmó: «Resulta importante llevar adelante este tipo de incentivos que tienen que ver con la integración de la oposición y tener una amplitud de criterios y no cometer arbitrariedades que nadie desea, porque está en nuestra intención poder realizar políticas públicas claras que apunten a mejorar la calidad de nuestros sistema de salud en la provincia. En ese sentido, venimos trabajando desde el inicio de la gestión, para retomar muchas de las obras que hacían falta en materia de infraestructura hospitalaria y además lograr una mejora prestacional de nuestros profesionales que no se logra sólo con buenas intenciones, sino con un trabajo armónico y respetando la carrera que cada trabajador de la salud tiene».

Expresó que la relación que deben tener los trabajadores con el Estado provincial «no debe ser obrero/patronal, no creemos en esa relación, este gobierno no es el patrón de nadie, tiene que administrar los recursos de la mejor manera y, para eso, tenemos que hacerlo entre todos. Nosotros representamos la voluntad popular que nos eligió, no para imponer medidas arbitrarias, sino consensuadas en beneficio de nuestros trabajadores».

A su turno, José Allende, como secretario de UPCN y titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sostuvo: «Hoy estamos ante un nuevo desafío. El 10 de diciembre de 2016 asumía un gobernador que en su discurso, y después con los hechos, dijo que quería políticas de Estado de salud para la provincia. No pocas cosas se han conseguido en estos pocos meses de este nuevo gobierno».

Hizo notar que “se siguen creando los cargos necesarios para las enfermeras y para que los compañeros tengan la tranquilidad del trabajo. Se trata de sintetizar lo consensuado de un proyecto de ley de enfermería, que es un orgullo para quienes estamos en UPCN y para cada una de las enfermeras de la provincia de Entre Ríos».

En cuanto a ley de enfermería, Allende adelantó que este miércoles «se escuchará a los sindicatos y al Ministerio de Salud» y manifestó que «seguramente pronto estará en vigencia».

Luego, al referirse a la comisión ad hoc que se creó, señaló: «Como nos dijo el gobernador: cuando las políticas son de Estado, todos tienen que participar. No es cuestión de un sector. Por ello, se invita a la oposición en la Cámara de Diputados y será el diputado Alberto Rotman

«Es un desafío y hay que ponerse a trabajar porque Entre Ríos está orgullosa de sus trabajadores estatales, porque dan todo lo que tienen que dar. Creo que no nos equivocamos, respetando la diversidad de pensamiento y militancia, que como entidad intermedia no podíamos mantenernos al margen de una decisión de elegir a nuestro gobernador y apoyamos al partido justicialista porque entendíamos que era el camino para mantener lo conseguido e ir por más», sostuvo.

Habló luego de la resolución que establece un 5 por ciento en el cupo de las viviendas que construye el IAPV para los estatales. «No es poco. Es suficiente y superó las expectativas en este primer paso. Se ocupará con criterio. Cuando hablamos de los empleados públicos, somos todos. Si lo manejamos así, perdurará en el tiempo. No podemos hablar de un sindicato», señaló.

Por su parte el ministro de Salud, Ariel de la Rosa, resaltó: “Este es el primer paso que implica la conformación de la comisión que va a modificar nuestra Ley Nº 9892 de Carrera Profesional Asistencial-Sanitaria, que es una norma que ha quedado obsoleta y perimida en el tiempo”.

Además, el titular de la cartera sanitaria explicó la principal ventaja de la implementación de esta medida: “Esto permitirá poder regularizar la planta de profesionales donde, como marcó el gobernador Gustavo Bordet, hay situaciones que son sumamente injustas porque existen trabajadores que tienen una inestabilidad laboral y otros que poseen un cargo de planta de hace años pero no cumplen con las obligaciones mínimas”.

El ministro consideró vital, además, que esta instancia refuerce el trabajo interdisciplinario entre el los ministerios de Salud y Economía así como la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación con la Comisión de Salud de la Legislatura. “El trabajo conjunto permitirá analizar los múltiples aspectos y hacer las modificaciones que consideren pertinentes para mejorar la calidad de las condiciones laborales de todos los profesionales que se desempeñan en la provincia”, sentenció.

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#EntreRíos: Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

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El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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