La provincia vuelve a recurrir a la Justicia para que Nación salde una deuda que asciende a los 175 millones de dólares, derivados de los excedentes de la represa hidroeléctrica Salto Grande.

En línea con las presentaciones previas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, las primeras en la historia de Entre Ríos, el Estado provincial ha iniciado una nueva demanda contra la Nación por discrepancias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa. Se reclama un retroactivo de 175 millones de dólares, dado que el valor reconocido para Salto Grande es el más bajo entre todas las generadoras del país.

La nueva presentación del Gobierno de Entre Ríos ante el máximo tribunal argentino se realizó este miércoles, en respuesta a una decisión política del titular del Poder Ejecutivo entrerriano.

El objetivo de esta gestión es «recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande» y, al mismo tiempo, «modificar, con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales», explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien ofreció una conferencia de prensa este jueves junto a la secretaria de Energía, Noelia Zapata. Cabe destacar que el valor reconocido a Salto Grande por la energía que aporta al país es el más bajo entre todas las generadoras.

Los excedentes generados por la represa Salto Grande son resultado de la diferencia entre el precio que se paga a la hidroeléctrica y los gastos de la Comisión Técnica Mixta (CTM), y estos excedentes se distribuyen entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Según indicó el fiscal de Estado, la energía proveniente de Salto Grande es «la más barata del país, incluso más que la generada por Yacyretá», lo cual ocurre porque desde la Secretaría de Energía de la Nación «no se considera el cumplimiento de los acuerdos de 1999». De este modo, el precio no genera excedentes y «si no hay excedentes, nos quedamos sin acuerdo», agregó.

Para revertir esta situación que persiste desde hace casi una década y que resulta inequitable, la provincia exige «que se declare inconstitucional las resoluciones emitidas desde 2013 en adelante, que fijaron un precio perjudicial, y se emitan resoluciones que establezcan un precio justo para cumplir con los acuerdos de 1999».

Además, la presentación incluye el reconocimiento de una deuda «por obras no realizadas, cuyo monto asciende a 175 millones de dólares», amplió el funcionario.

Por su parte, la secretaria de Energía provincial calificó esta demanda como «fundamental». Zapata subrayó que «se trata de una acción que valora los intereses de los entrerrianos».

El gobierno provincial estuvo representado en la 13º reunión plenaria de la entidad por funcionarias del Ministerio de Desarrollo Humano, quienes dieron cuenta de las políticas impulsadas en Entre Ríos en materia de género.

Por la provincia de Entre Ríos estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta; y la directora de Mujeres, Joaquina Brondi. El encuentro tuvo lugar en la Secretaría de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Justicia de la Nación, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la participación de representantes de todo el país.

En ese marco, Verónica Berisso, valoró: «Son espacios muy productivos, ya que no solo expusimos las líneas de trabajo que estamos llevando adelante en nuestra provincia, también conocimos experiencias de nuestros pares, intercambiamos estrategias y conocemos situaciones en común».

Asimismo, Acosta y Brondi estuvieron presentes en el Encuentro de Mujeres ONU Argentina, con el objetivo de interiorizarse acerca de los diferentes mecanismos para avanzar en la igualdad de género. La secretaria de Políticas del Cuidado, indicó: «Celebramos que este consejo se pueda desarrollar en el marco de la pluralidad de voces, permitiendo intercambiar proyectos y metodologías de trabajo para articular una política integral a nivel nacional y con un Estado presente».

Durante la jornada también se llevó a cabo la 39° Reunión Plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos, en la cual el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, dio inicio a la actividad. Seguidamente el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Gabriel Wilkinson, brindó pautas generales de trabajo, y se presentó la estructura actual de la Secretaría de Derechos Humanos que ha incorporado competencias en materia de género.

En ese sentido, se presentaron las Líneas de Acción Federal de dicha repartición, se explicó características de la temática Derechos y Garantías Fundamentales de Mujeres y Niños en Argentina; y desde la Dirección Nacional de Promoción, Prevención y Formación, se dio cuenta de lineamientos en la temática.