El secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, representó al ministro de Producción, Juan José Bahillo, en la reunión virtual conjunta del Consejo Federal Agropecuario con el Consejo de Seguridad Interior, donde expuso la experiencia de Entre Ríos en el combate del delito rural.
La idea de la convocatoria a esta reunión que congregó a las autoridades nacionales y los ministros provinciales de las áreas de Agricultura y Ganadería y de Seguridad tiene su antecedente de la resolución Nº4 del año pasado donde se empezó a trabajar de manera articulada entre ambos Consejos para el tratamiento específico de los delitos rurales. El objetivo es analizar la situación en forma federal y por cada una de las jurisdicciones y, eventualmente, si el escenario lo amerita, asumir estrategias compartidas.
Asimismo, es una respuesta a las organizaciones representativas y vinculadas al sector rural que gestionaron políticas concretas y determinadas en este sentido. De allí, a partir de la resolución N° 4 del 2020, es que se crea la comisión interministerial permanente en materia de seguridad rural.
En aquel momento existía un delito que no estaba cuantificado pero que ganó mucha repercusión por las denuncias mediáticas, que era los atentados contra los silos bolsas y ese motivo puntual determinó y disparó la necesidad de generar un ámbito compartido de tratamiento y con una atención especial.
Dentro de las decisiones que se tomaron en ese momento, se realizó un relevamiento estadístico sobre las roturas de silos bolsas y hubo varias reuniones de trabajo con aquellas provincias que tienen un mayor nivel de desarrollo sobre este tema, o tenían modelos más elaborados y precisos, cuerpos especiales o alguna lógica de inteligencia criminal superior sobre estas cuestiones y que podían ser proyectadas o replicadas al resto de las jurisdicciones.
Eso tuvo un resultado muy positivo y potente por lo que en esta reunión se invitó a exponer a Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Misiones y Corrientes.
La exposición de Entre Ríos
Al momento de su presentación, el secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos. Lucio Amavet, desglosó las principales acciones y sostuvo que “desde la provincia, al haber tomado conocimiento de algunas manifestaciones por parte del sector agropecuario sobre existencia de rotura de silos bolsas en Entre Ríos, rápidamente se constituyó una mesa interministerial entre Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio de Producción, donde a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Delitos Rurales de la Policía provincial se elaboró un protocolo que indicaba a los productores la forma de proceder ante el posible acto delictual. Este protocolo se trabajó de manera articulada con las entidades que nuclean a los productores y se fue transmitiendo esa información en el territorio, lo que posibilitó que se hagan las denuncias como corresponde y puedan actuar tanto las fuerzas de seguridad como la Justicia”.
Y detalló: “En ese marco y durante ese año, la Dirección de Delitos Rurales recibió seis denuncias por las cuales se procedió en tiempo y forma y se aclararon todos los hechos asociados a roturas intencionales por cuestiones relacionadas a problemáticas entre los dueños de los campos y algunos empleados que estaban disconformes con algunas situaciones propias de la relación laboral o personal y se concluyó que no respondían a cuestiones ideológicas”.
En otra parte de su alocución, el funcionario resaltó que, “además, cada una de las dependencias de abigeato ubicadas en todos los departamentos de la provincia fueron reforzadas a los efectos de que puedan realizar el patrullaje correspondiente y estar prestos y atentos ante la eventualidad de alguna nueva denuncia”.
También Amavet aclaró que “Delitos Rurales informa trimestralmente sobre el inventario que creó el Ministerio de Seguridad de la Nación acerca de las denuncias que va recibiendo en esta materia; la naturaleza de las denuncias, como por ejemplo si se trata de hurto, rotura intencional , entre otros, para contar con un panorama acabado y con información certera y confiable”.
Sobre el Consejo Federal Agropecuario
Es el espacio institucional de reunión entre ministros, creado por Ley, donde las máximas autoridades nacionales y provinciales del sector agroindustrial atienden en trabajo conjunto todas aquellas cuestiones relativas al sector agroindustrial que por su impacto en las economías regionales o provinciales requieran una mirada federal, transversal, amplia y colaborativa.
Es también un organismo de asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo nacional.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a un paro total de actividades por 24 horas para el próximo lunes 20 de julio. La medida de fuerza afectará a las instituciones educativas de Villa Hernandarias, Piedras Blancas, Pueblo Brugo y todo el territorio provincial. Los dirigentes del sindicato confirmaron que la decisión gremial determinará el no inicio del ciclo lectivo tras la finalización del receso escolar de invierno.
Los representantes del sindicato tomaron la determinación luego de realizar un plenario general para debatir la situación del sector. La conducción de Agmer justificó la huelga ante lo que consideraron una decisión arbitraria por parte del Gobierno provincial para dar por finalizada la negociación paritaria.
Rechazo al decreto y reclamo de recomposición salarial
La comisión directiva de la entidad gremial rechazó de forma unánime la última oferta económica del Poder Ejecutivo por considerarla insuficiente para cubrir el costo de vida actual. Asimismo, los docentes cuestionaron la decisión de la administración provincial de aplicar el incremento salarial de forma unilateral a través de un decreto administrativo, clausurando los ámbitos de negociación colectiva.
A través de un comunicado oficial, el sindicato docente exigió la apertura de instancias de diálogo reales para acordar una recomposición que mitigue el impacto de la inflación sobre los sueldos del sector. Los referentes gremiales manifestaron su rechazo a cualquier medida de ajuste sobre el presupuesto de la educación pública entrerriana y reclamaron la urgente asignación de salarios dignos para los trabajadores activos y jubilados.
De abril a la fecha, 206 establecimientos firmaron los convenios de adhesión al nuevo programa Sumar +. A partir de ello, los efectores están en condiciones de facturar prestaciones reportadas mediante la historia clínica electrónica desarrollada por el Ministerio de Salud.
Tras la aprobación, en diciembre pasado, del convenio marco para la implementación del nuevo programa Sumar + mediante el decreto Nº 3.762, la Dirección de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud inició el proceso de firma de convenios de adhesión con hospitales, centros regionales de referencia y centros de atención primaria. La firma de estos convenios permite a los establecimientos informar las prestaciones del plan de servicios de salud que son financiadas por el programa.
Desde la cartera sanitaria se propuso la adhesión de 299 establecimientos y se los habilitó para incorporarse al programa. A tres meses del inicio del proceso, 206 ya se encuentran activos y cuentan con la autorización correspondiente para reportar prestaciones al programa Sumar +. Uno de los principales requisitos para hacerlo es utilizar los módulos de historia clínica electrónica (HCE) de la plataforma Salud Digital de Entre Ríos (Sader).
«Sumar + es un plan de salud del Estado nacional que busca fortalecer la atención médica gratuita para todas las personas que no tienen obra social ni prepaga, a través del financiamiento público basado en resultados, donde se transfieren recursos a hospitales y centros de atención primaria. Su objetivo es garantizar que todos tengan el mismo acceso a una salud de calidad», indicó el director de Estrategias Sanitarias, Gustavo Ramírez El referente precisó que «los fondos recibidos por los efectores se destinan exclusivamente a la compra de equipamiento médico, insumos y mejoras edilicias».
Esta herramienta de gestión tiene como antecedentes los programas Sumar y Nacer, cuya instrumentación se desarrolló a lo largo de 18 años, por lo cual se requirió reunir la documentación de cada efector para armar sus nuevos legajos y darle forma a cada uno de los compromisos de gestión.
Cabe citar que el programa establece un plan de Servicios de Salud que garantiza prestaciones gratuitas organizadas por etapas de la vida: Maternidad e Infancia (que comprende controles prenatales, atención del recién nacido, vacunas obligatorias y seguimiento del crecimiento); Adolescencia (contempla consultas clínicas periódicas, salud bucal, visual y talleres de prevención o salud reproductiva); y Adultos (incluye chequeos clínicos anuales, prevención y detección temprana de enfermedades crónicas no transmisibles y tamizajes preventivos clave, como los de cáncer de cuello uterino, mama y colorrectal).
Los gremios que representan a los trabajadores de la Administración Pública Provincial rechazaron la última propuesta salarial del Ejecutivo entrerriano y confirmaron un plan de lucha que incluye paros y movilizaciones para esta semana. La decisión impactará en la actividad de las dependencias estatales de Villa Hernandarias, Piedras Blancas, Pueblo Brugo y todo el territorio provincial.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general Oscar Muntes ratificó el paro total de actividades con movilización para este miércoles. El dirigente calificó la negociación como «muy tensa» y aseguró que el ofrecimiento del Gobierno estuvo «muy lejos de la realidad» que atraviesan los empleados públicos frente a la inflación.
Muntes sostuvo que la propuesta es «imposible de aceptar» y detalló que el incremento representa apenas un punto porcentual más que la oferta anterior. Además, cuestionó la ausencia de un plan de recuperación salarial, señalando que desde diciembre de 2023 la pérdida del poder adquisitivo supera el 41%. «Los trabajadores no llegamos a fin de mes y tenemos que sacar créditos para poder ir al supermercado», graficó.
La medida de fuerza de ATE se realiza en rechazo a la oferta salarial y al proyecto de reforma jubilatoria, «en defensa del salario, del Estado y de nuestro sistema previsional», indicó el titular del gremio.
UPCN se retiró de la paritaria y define fecha de paro
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) también rechazó la propuesta oficial y se retiró de la mesa paritaria, aunque aclararon que pretenden mantener abierta la negociación. La secretaria adjunta, Carina Domínguez, consideró que la oferta fue apenas una modificación de la anterior y lamentó la falta de respuestas a otros reclamos.
Domínguez señaló que el incremento propuesto no supera los 40.000 pesos en la mayoría de los salarios. Desde el gremio reclamaron que la discusión incorpore temas pendientes como asignaciones familiares, el piso salarial y la situación de sectores críticos como enfermería. Además, denunciaron errores en la liquidación del medio aguinaldo, con trabajadores que cobraron hasta 70.000 pesos menos.
En este contexto, UPCN anticipó que esta semana definirá la fecha de un «paro activo» si no existen avances en la negociación. «Queremos explicar a la sociedad qué está pasando con los salarios y las condiciones laborales», expresó la dirigente.
Pese al rechazo de ambas organizaciones, el diálogo paritario continuará. El Ejecutivo provincial, por su parte, confirmó que aplicará por decreto el incremento correspondiente al mes de julio y prevé retomar las negociaciones durante agosto.
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