El secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, representó al ministro de Producción, Juan José Bahillo, en la reunión virtual conjunta del Consejo Federal Agropecuario con el Consejo de Seguridad Interior, donde expuso la experiencia de Entre Ríos en el combate del delito rural.
La idea de la convocatoria a esta reunión que congregó a las autoridades nacionales y los ministros provinciales de las áreas de Agricultura y Ganadería y de Seguridad tiene su antecedente de la resolución Nº4 del año pasado donde se empezó a trabajar de manera articulada entre ambos Consejos para el tratamiento específico de los delitos rurales. El objetivo es analizar la situación en forma federal y por cada una de las jurisdicciones y, eventualmente, si el escenario lo amerita, asumir estrategias compartidas.
Asimismo, es una respuesta a las organizaciones representativas y vinculadas al sector rural que gestionaron políticas concretas y determinadas en este sentido. De allí, a partir de la resolución N° 4 del 2020, es que se crea la comisión interministerial permanente en materia de seguridad rural.
En aquel momento existía un delito que no estaba cuantificado pero que ganó mucha repercusión por las denuncias mediáticas, que era los atentados contra los silos bolsas y ese motivo puntual determinó y disparó la necesidad de generar un ámbito compartido de tratamiento y con una atención especial.
Dentro de las decisiones que se tomaron en ese momento, se realizó un relevamiento estadístico sobre las roturas de silos bolsas y hubo varias reuniones de trabajo con aquellas provincias que tienen un mayor nivel de desarrollo sobre este tema, o tenían modelos más elaborados y precisos, cuerpos especiales o alguna lógica de inteligencia criminal superior sobre estas cuestiones y que podían ser proyectadas o replicadas al resto de las jurisdicciones.
Eso tuvo un resultado muy positivo y potente por lo que en esta reunión se invitó a exponer a Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Misiones y Corrientes.
La exposición de Entre Ríos
Al momento de su presentación, el secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos. Lucio Amavet, desglosó las principales acciones y sostuvo que “desde la provincia, al haber tomado conocimiento de algunas manifestaciones por parte del sector agropecuario sobre existencia de rotura de silos bolsas en Entre Ríos, rápidamente se constituyó una mesa interministerial entre Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio de Producción, donde a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Delitos Rurales de la Policía provincial se elaboró un protocolo que indicaba a los productores la forma de proceder ante el posible acto delictual. Este protocolo se trabajó de manera articulada con las entidades que nuclean a los productores y se fue transmitiendo esa información en el territorio, lo que posibilitó que se hagan las denuncias como corresponde y puedan actuar tanto las fuerzas de seguridad como la Justicia”.
Y detalló: “En ese marco y durante ese año, la Dirección de Delitos Rurales recibió seis denuncias por las cuales se procedió en tiempo y forma y se aclararon todos los hechos asociados a roturas intencionales por cuestiones relacionadas a problemáticas entre los dueños de los campos y algunos empleados que estaban disconformes con algunas situaciones propias de la relación laboral o personal y se concluyó que no respondían a cuestiones ideológicas”.
En otra parte de su alocución, el funcionario resaltó que, “además, cada una de las dependencias de abigeato ubicadas en todos los departamentos de la provincia fueron reforzadas a los efectos de que puedan realizar el patrullaje correspondiente y estar prestos y atentos ante la eventualidad de alguna nueva denuncia”.
También Amavet aclaró que “Delitos Rurales informa trimestralmente sobre el inventario que creó el Ministerio de Seguridad de la Nación acerca de las denuncias que va recibiendo en esta materia; la naturaleza de las denuncias, como por ejemplo si se trata de hurto, rotura intencional , entre otros, para contar con un panorama acabado y con información certera y confiable”.
Sobre el Consejo Federal Agropecuario
Es el espacio institucional de reunión entre ministros, creado por Ley, donde las máximas autoridades nacionales y provinciales del sector agroindustrial atienden en trabajo conjunto todas aquellas cuestiones relativas al sector agroindustrial que por su impacto en las economías regionales o provinciales requieran una mirada federal, transversal, amplia y colaborativa.
Es también un organismo de asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo nacional.
El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos emitió la circular N° 16 y anticipó que descontará el día a los docentes que no presten servicios durante el paro nacional convocado para este martes 14, en reclamo de paritaria nacional y una nueva ley de financiamiento educativo. La medida alcanza también el miércoles 15, día en que se realizará un relevamiento de asistencia.
Según la información publicada por Entre Ríos Ahora , el organismo provincial dispuso un “relevamiento de prestación de servicios” que deberá completarse mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). El registro tendrá carácter de declaración jurada y su presentación será obligatoria en las fechas establecidas.
Educación indicó que “los haberes serán abonados solo respecto de los días efectivamente trabajados”, conforme a la carga de asistencia ya los datos surgidos del relevamiento. En caso de no completar el formulario en el plazo fijado, se presumirá que no hubo prestación de servicios en el establecimiento educativo.
El procedimiento se basa en la resolución N° 2.771/2024, publicada el 25 de septiembre de 2024, que implementó declaraciones juradas mensuales para relevar la asistencia del personal docente y no docente en escuelas públicas y privadas. Esa normativa establece:
Frecuencia mensual del relevamiento, con fechas comunicadas por SAGE con al menos 24 horas de antelación.
Prevalencia de la declaración jurada en caso de disparidad con los datos del sistema, con las consecuencias legales correspondientes ante falsedad.
Un canal para informar inconvenientes u omisiones por vía jerárquica dentro de las 48 horas de finalizado el plazo.
El CGE fundó la medida en la necesidad de contar con datos precisos para la gestión de recursos humanos y garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas, en línea con la Ley Provincial de Educación N° 9.890.
Los gremios estatales entrerrianos (UPCN y ATE) reclaman al Gobierno provincial la convocatoria inmediata a la mesa paritaria para definir la pauta salarial del último trimestre de 2025, compromiso que debía cumplirse en la última semana de septiembre y aún no ocurrió. En julio, tras tres reuniones, se había acordado una suma fija de $50.000 para activos durante julio-septiembre y $25.000 para jubilados, con revisión prevista para fin de septiembre.
«Estamos en tiempo de descuento para la convocatoria. Es urgente dar una señal clara a los trabajadores», advirtió Carina Domínguez (UPCN), quien cuestionó la «virtual congelación» salarial en un contexto de inversiones en otros sectores.
En tanto, Oscar Muntes (ATE) sostuvo que el Gobierno “dilata” también el instructivo de recategorizaciones —que impacta en salarios— y advirtió que, si no hay propuesta, “vamos a plantear un escenario de conflicto”. Ambos dirigentes remarcaron que los acuerdos deben respetarse y reclamaron evitar que la convocatoria llegue “sobre el cierre de liquidación”, lo que impide un debate real.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) anunció que adhiere al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el martes 14 de octubre, por lo que no habrá clases en la provincia.
Desde el sindicato informaron que el miércoles 8 de octubre realizarán una conferencia de prensa y una volanteada en Paraná, frente a Casa de Gobierno.
CTERA reclama:
Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
Restitución del FONID y pago de sumas adeudadas.
Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.
Mejoras salariales y laborales para trabajadoras y trabajadores de la educación.
Defensa de los derechos previsionales y las jubilaciones docentes.
“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, señalaron en un comunicado citado por Elonce.
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