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El Plenario de Secretarios Generales de AGMER, que se reunió este 11 de junio en Paraná, analizó la situación nacional y provincial y tras una jornada de extenso debate dio a conocer la declaración que aquí compartimos.

El Consejo de Secretarios Generales de AGMER, reunido en la ciudad de Paraná el martes 11 de junio de 2019, luego de analizar la realidad política y económica del país y la situación de la clase trabajadora, da a conocer al colectivo docente, a los gobiernos nacional y provincial y a la comunidad entrerriana en su conjunto la siguiente declaración:

– Promediando el año 2019 vemos con enorme preocupación que las políticas económicas regresivas que viene implementando el gobierno nacional no detienen su marcha y en algunos casos se profundizan. Al desfinanciamiento de la educación y la salud pública, la ciencia y el desarrollo social se deben sumar las incontables medidas tendientes a garantizar una indiscriminada transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, en claro detrimento de las capas más vulnerables de la población. Con ello, la riqueza de nuestro país avanza hacia una distribución cada vez más injusta, consolidando la brecha entre grandes empresarios y terratenientes que gozan de una rentabilidad extraordinaria, por un lado, y la inmensa mayoría de los argentinos que se ven fuertemente golpeados y amenazados por el ajuste. Éste se implementa de la mano del feroz aumento de las tarifas, el cierre de fuentes de trabajo y los despidos de cientos de compañeros trabajadores.

– El aumento de la pobreza y la indigencia, la destrucción del sistema productivo, el ahogo a las pequeñas empresas y el incremento de la desocupación y la precarización laboral son consecuencias directas de esta situación. Resulta inadmisible que, en un país capaz de producir alimento para una población diez veces mayor, un tercio de los argentinos tengan sus necesidades básicas insatisfechas, porcentaje que crece cuando nos enfocamos en la infancia: la mitad de nuestros gurises son pobres y el poder mira para otro lado, no porque ignore esta realidad, sino porque sencillamente no le importa. Como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, el capitalismo necesita que una parte de la humanidad sea descartable para que algunos pocos privilegiados puedan vivir en la más absurda opulencia.

– Este escenario de retroceso para la clase obrera en el marco de la disputa entre capital y trabajo no puede ser ajeno a nuestros análisis y posicionamientos, ya que como trabajadores de la educación integramos esa parte de la sociedad que se ve considerablemente debilitada. El resurgimiento del neoliberalismo en la región ha desencadenado que nuestras luchas inmediatas ya no sean sólo en procura de la ampliación de derechos y la conquista de una mejor calidad de vida, sino lisa y llanamente por el mantenimiento de condiciones esenciales de subsistencia.

– Por tal motivo, reafirmamos el camino que venimos transitando como organización sindical, trabajando a través del diálogo fraterno para lograr consensos y construir un programa mínimo que contemple estrategias que contengan a todos los sectores internos, a la vez que ratificamos nuestra defensa de la institucionalidad y los esfuerzos para consolidar la unidad en la lucha con el resto del movimiento obrero y las organizaciones sociales.

– Como sindicato que no sólo lucha por condiciones laborales y salariales, sino que además asume su responsabilidad a la hora de dar los necesarios debates políticos y pedagógicos, sostenemos a su vez que los derechos humanos deben ser respetados y cumplidos en toda su extensión, incluyendo el derecho a la vida y a la educación en un ambiente sano que el propio gobierno provincial, en complicidad con los grandes productores agropecuarios, vulnera en su avanzada contra las poblaciones rurales y a favor de la fumigación con agrotóxicos que está en las antípodas de un modelo de producción agrícola sustentable.

– Rechazamos todo mecanismo estandarizado de evaluación externa basada en presupuestos de carácter meritocrático, ya que los mismos no contribuyen en forma alguna a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas, sino que por el contrario sólo sirven para disciplinar a la docencia teniendo como parámetros de medición los que definen los organismos multilaterales de crédito y tecnócratas que muy poco conocen sobre los verdaderos problemas de la educación pública en nuestro país.

– Reiteramos nuestra defensa irrestricta de la ley jubilatoria provincial y el rechazo a cualquier tipo de armonización que implique pérdida de derechos, al mismo tiempo que exigimos la derogación del Decreto 426/19 que implementa un sistema de control de las licencias docentes inspirado en la burocratización de la salud, el cual ha sido resuelto de forma unilateral y sin considerar los aportes de los trabajadores de la educación en materia de salud laboral. Insistimos en lo que señalamos desde el principio, el decreto atenta contra el Estatuto del Docente y nuestro Régimen de Licencias, otorga facultades a los médicos auditores que nada tienen que ver con una política de salud laboral con carácter preventivo. Recordamos que el Art. 9 del régimen de licencia es de potestad exclusiva de las autoridades del CGE y no de los médicos auditores.

– Continuamos exigiendo al gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo y convoque de forma urgente a la discusión salarial en el marco de la paritaria nacional docente, además de dar marcha atrás con el desguace del sistema educativo en materia presupuestaria, pedagógica e institucional.

– También volvemos a remarcar que es una deuda del gobierno provincial la devolución de los días descontados por el ejercicio del legítimo derecho de huelga, encolumnándose de este modo con aquellos gobernadores que emplean el descuento no como un derecho patronal, sino como un instrumento que sirve para extorsionar y amedrentar a los trabajadores que sostienen de forma genuina su lucha por aumentos salariales justos y acordes con el incremento en el costo de vida.

– Ante intentos de avanzar en el cierre o traslado de cargos con la excusa de la “baja matrícula”, demandamos a los gobiernos nacional y provincial la implementación de políticas públicas que ayuden a sostener la permanencia y continuidad de los gurises en situación de vulnerabilidad en las escuelas; políticas que aseguren el ejercicio del derecho social a la educación. En este sentido, exigimos presupuesto y políticas que garanticen condiciones de salubridad y seguridad en las escuelas, comedores con cocinas que funcionen y no pongan en riesgo la vida humana. Y condiciones dignas de vida para nuestras comunidades en los barrios donde funcionan nuestras escuelas. Porque el estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar la escolaridad de nuestros gurises.

– Por último, le recordamos al gobierno provincial que debe dar riguroso cumplimiento a todo lo firmado en el último acuerdo paritario salarial, teniendo presente que la inflación acumulada al mes de abril alcanza ya un 15,6%. En tal sentido, es absoluta responsabilidad de la patronal que una vez conocida la inflación semestral se produzca la actualización automática acordada.