El Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció el cierre de 60 sucursales en todo el país, en el marco de un proceso de reordenamiento y ajuste impulsado por el gobierno nacional. La medida, que forma parte del Plan Estratégico 2024-2027, apunta a reducir costos y optimizar la estructura de la entidad, con un ahorro estimado superior a los$1.000 millones anuales.

Según informó el banco, la cantidad de sucursales pasó de 769 a 709, y el ahorro mensual ya alcanza los$139 millones, cifra que se proyecta a$836 millones para lo que resta del año. Además, se está transformando el modelo de atención de 45 centros PyME, que ahora visitarán a los clientes en vez de recibirlos en sucursales, generando un ahorro adicional de$30 millones mensuales en alquileres.

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, explicó que la readecuación también incluye la reducción de Gerencias Zonales, que pasaron de 33 a 29, buscando una distribución más equitativa y eficiente de los recursos. La entidad remarcó que estas buscan “mantener y ratificar el liderazgo del Banco Nación en el sistema financiero, enfrentando los desafíos de la competencia y medidas mejorando la eficiencia y transparencia”.

¿Cuáles son las sucursales afectadas?

Si bien el Banco Nación no publicó oficialmente la lista completa de las 60 sucursales que cerrarán, tras ascendido que la provincia de La Pampa fue una de las primeras afectadas, con el cierre de nueve sucursales en Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica. Esta decisión se tomó en respuesta a la suba de la alícuota de Ingresos Brutos en esa provincia.

El resto de los cierres se distribuye en distintas provincias, aunque hasta el momento no se difundió el listado completo. El banco indicó que la selección de sucursales responde a criterios de eficiencia, costos y presencia estratégica, y que se priorizará la atención digital y la visita a clientes en zonas donde se cierran puntos físicos.

Contexto y repercusiones

La medida se enmarca en la política de ajuste y reducción del gasto público impulsada por el gobierno nacional, y busca llevar la cantidad de puntos de atención del Banco Nación a los niveles de 2015. Desde la entidad aseguran que la transformación permitirá “seguir reduciendo gastos” y adaptarse a los nuevos hábitos de los usuarios, que cada vez utilizan más los canales digitales.

El cierre de sucursales generó preocupación en varias localidades, especialmente en zonas rurales y del interior, donde el banco cumple un rol clave en la inclusión financiera y el acceso a servicios bancarios.

En una reunión realizada este lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, gobernadores de distintas provincias argentinas acordaron impulsar un proyecto de ley conjunto para redistribuir impuestos y mejorar la asignación de fondos nacionales. El encuentro contó con la presencia de mandatarios de diferentes espacios políticos, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), así como representantes de otras 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El principal objetivo de la iniciativa es eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966), permitiendo que esos recursos sean destinados según las prioridades de cada jurisdicción. Además, los gobernadores solicitaron que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con los criterios de coparticipación primaria y secundaria establecidos en la Ley 23.548.

En el comunicado difundido tras la reunión, los mandatarios provinciales aseguraron que la sanción de esta ley “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y, complementariamente, generará más federalismo”. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó: «Hoy todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordamos la presentación de un proyecto de ley para coparticipar directamente recursos que nos pertenecen, sin afectar las finanzas nacionales. Son fondos imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en nuestras jurisdicciones».

La reunión se dio en un contexto de baja recaudación y reclamos de las provincias por la caída de las transferencias automáticas y discrecionales desde Nación. Según datos citados por Infobae, la recaudación nacional cayó un 18% interanual en mayo, afectando especialmente a los impuestos coparticipables, lo que motivó a los gobernadores a buscar alternativas para garantizar los recursos necesarios para sus gestiones.

Durante el encuentro, el Gobierno nacional presentó una contrapropuesta a los pedidos originales de fondos, aunque las negociaciones continuarán en mesas de trabajo. La discusión se da en la antesala de la primera reunión formal del Consejo de Mayo, donde las provincias estarán representadas por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La iniciativa de los gobernadores busca fortalecer el federalismo y garantizar una distribución más equitativa de los recursos, en un contexto de crisis económica que afecta tanto a la Nación como a las provincias.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, participó este martes en la ciudad de Rosario de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Hidrovía, donde propuso una profundidad de 34 pies para el tramo que comprende los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo, zonas donde se ubican los principales puertos entrerrianos.

“La Hidrovía, especialmente en el tramo inferior del Paraná, debe contar con doble acceso y circulación a través del canal Martín García, el Paraná Bravo y el Paraná Guazú hasta la bifurcación, y desde allí continuar”, afirmó Rodríguez Signes, quien también subrayó la necesidad de “una profundidad homogénea en todo el sistema de navegación”.

Durante su exposición, el funcionario indicó que la provincia trabaja en conjunto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral para sortear las limitaciones técnicas del sistema Bravo-Guazú-Talavera. “Somos conscientes de las limitaciones que presenta el sistema (…) y por eso estamos trabajando con especialistas de gran experiencia en la materia”, explicó.

Asimismo, el fiscal de Estado remarcó el interés de la provincia en acompañar el proceso en todas sus fases, incluyendo la evaluación de esquemas de financiamiento. “Estamos analizando cómo la actividad de nuestros puertos contribuye al sostenimiento del sistema”, precisó.

Rodríguez Signes también destacó que los aspectos ambientales serán abordados en coordinación con el resto de las provincias del Litoral. “Todas las provincias (…) han puesto a disposición sus capacidades de coordinación para abordar de manera conjunta estos temas complejos”, dijo, y adelantó que se trabaja en un mecanismo de acuerdos para que las cuestiones ambientales no representen un freno para la licitación.

Visión de las organizaciones ambientales

Distintas organizaciones ambientales de Entre Ríos han manifestado reparos frente al dragado de los ríos en el marco de la Hidrovía. Entre ellas, el Foro Ecologista de Paraná y la Fundación CAUCE – Cultura Ambiental Causa Ecologista, advierten sobre los impactos acumulativos de las obras de profundización y rectificación del cauce.

Según estas entidades, el dragado permanente del río Paraná en zonas sensibles puede provocar alteraciones en los ecosistemas acuáticos, pérdida de biodiversidad, erosión de márgenes e impacto sobre humedales. También sostienen que los estudios de impacto ambiental deben ser previos, exhaustivos y contar con participación ciudadana efectiva.

Además, cuestionan que no siempre se respeta el enfoque de cuenca ni los principios de precaución y equidad intergeneracional consagrados por la legislación ambiental vigente. En este sentido, piden que cualquier intervención en el río se someta a procesos de evaluación ambiental estratégica y consulta pública con enfoque regional.