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Después de casi 20 años el gobierno entrerriano saldó la histórica deuda de los bonos federales

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#BonosFederales #EntreRíos #Ajuste

El gobernador Gustavo Bordet firmó este jueves un convenio con el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, por el cual la provincia compensó deudas con el gobierno nacional por más de 5.000 millones de pesos, entre las que las se encontraba la histórica deuda de los bonos federales.

Si bien desde el punto de vista financiero el convenio no significa ingresos a la provincia, reduce en forma sustancial su pasivo en el marco del programa de reordenamiento de las finanzas de la provincia encarado por la administración de Bordet.

Del encuentro que también participó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay; y el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena.

Luego de la firma, el ministro de Economía, Hugo Ballay, precisó que con el convenio «básicamente lo que se hizo fue compensar deudas que tenia la provincia de Entre Ríos, deudas históricas, el origen de la deuda es cuando se recuperaron los bonos federales oportunamente con el crédito que tenia a favor que fue la emisión del titulo que la nación entrego cuando se definió y se salio del conflicto del fondo del conurbano bonaerense».

Ballay recordó que las provincias, excepto Buenos Aires que recibió una suma mayor, también fueron compensadas por renunciar a esta acción judicial con un bono que tenia un vencimiento a diez años, con un rendimiento de una taza del 6 por ciento y también la deuda que tenia la provincia con el gobierno nacional, que también era al 6 por ciento y con un plazo mayor».

En este sentido, dijo que con este convenio «el gobierno nacional a través del Ministerio de Interior propuso lograr sentarnos y hacer esta compensación, donde la reducción del pasivo que tiene la provincia se ve muy beneficiado».

El funcionario explicó: «Financieramente no tiene ninguna incidencia, no es que estemos recibiendo dinero ni pagando. Estamos con un bono, con un vencimiento a diez años, haciendo frente o compensando con deudas que tenía la provincia». Subrayó que «no hay un movimiento financiero, no hay una nueva disposición de fondos que permita  ningún tipo de destino, sino lo que estamos haciendo responsablemente como lo hace el gobernador Bordet desde el inicio de la gestión, es tratar de clarificar los números y hacer justamente que la provincia cuando la mostramos sea a nivel nacional e internacional, disminuye sustentablemente su relación de deuda respecto a los recursos. Esto es un índice que ya lo venimos bajando en estos dos años y medio de gestión y con esta firma de hoy baja sustancialmente».

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#EntreRíos: Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

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El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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