La idea de la convocatoria a esta reunión que congregó a las autoridades nacionales y los ministros provinciales de las áreas de Agricultura y Ganadería y de Seguridad tiene su antecedente de la resolución Nº4 del año pasado donde se empezó a trabajar de manera articulada entre ambos Consejos para el tratamiento específico de los delitos rurales. El objetivo es analizar la situación en forma federal y por cada una de las jurisdicciones y, eventualmente, si el escenario lo amerita, asumir estrategias compartidas.

Asimismo, es una respuesta a las organizaciones representativas y vinculadas al sector rural que gestionaron políticas concretas y determinadas en este sentido. De allí, a partir de la resolución N° 4 del 2020, es que se crea la comisión interministerial permanente en materia de seguridad rural.

En aquel momento existía un delito que no estaba cuantificado pero que ganó mucha repercusión por las denuncias mediáticas, que era los atentados contra los silos bolsas y ese motivo puntual determinó y disparó la necesidad de generar un ámbito compartido de tratamiento y con una atención especial.

Dentro de las decisiones que se tomaron en ese momento, se realizó un relevamiento estadístico sobre las roturas de silos bolsas y hubo varias reuniones de trabajo con aquellas provincias que tienen un mayor nivel de desarrollo sobre este tema, o tenían modelos más elaborados y precisos, cuerpos especiales o alguna lógica de inteligencia criminal superior sobre estas cuestiones y que podían ser proyectadas o replicadas al resto de las jurisdicciones.

Eso tuvo un resultado muy positivo y potente por lo que en esta reunión se invitó a exponer a Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Misiones y Corrientes.

La exposición de Entre Ríos

Al momento de su presentación, el secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos. Lucio Amavet, desglosó las principales acciones y sostuvo que “desde la provincia, al haber tomado conocimiento de algunas manifestaciones por parte del sector agropecuario sobre existencia de rotura de silos bolsas en Entre Ríos, rápidamente se constituyó una mesa interministerial entre Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio de Producción, donde a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Delitos Rurales de la Policía provincial se elaboró un protocolo que indicaba a los productores la forma de proceder ante el posible acto delictual. Este protocolo se trabajó de manera articulada con las entidades que nuclean a los productores y se fue transmitiendo esa información en el territorio, lo que posibilitó que se hagan las denuncias como corresponde y puedan actuar tanto las fuerzas de seguridad como la Justicia”.

Y detalló: “En ese marco y durante ese año, la Dirección de Delitos Rurales recibió seis denuncias por las cuales se procedió en tiempo y forma y se aclararon todos los hechos asociados a roturas intencionales por cuestiones relacionadas a problemáticas entre los dueños de los campos y algunos empleados que estaban disconformes con algunas situaciones propias de la relación laboral o personal y se concluyó que no respondían a cuestiones ideológicas”.

En otra parte de su alocución, el funcionario resaltó que, “además, cada una de las dependencias de abigeato ubicadas en todos los departamentos de la provincia fueron reforzadas a los efectos de que puedan realizar el patrullaje correspondiente y estar prestos y atentos ante la eventualidad de alguna nueva denuncia”.

También Amavet aclaró que “Delitos Rurales informa trimestralmente sobre el inventario que creó el Ministerio de Seguridad de la Nación acerca de las denuncias que va recibiendo en esta materia; la naturaleza de las denuncias, como por ejemplo si se trata de hurto, rotura intencional , entre otros, para contar con un panorama acabado y con información certera y confiable”.

Sobre el Consejo Federal Agropecuario

Es el espacio institucional de reunión entre ministros, creado por Ley, donde las máximas autoridades nacionales y provinciales del sector agroindustrial atienden en trabajo conjunto todas aquellas cuestiones relativas al sector agroindustrial que por su impacto en las economías regionales o provinciales requieran una mirada federal, transversal, amplia y colaborativa.

Es también un organismo de asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo nacional.