El Gobierno Nacional, a través del veto a la ley de tarifas, busca continuar legitimando la estafa de la crisis energética, que ellos mismos promovieron desde diciembre de 2015, para beneficiar a las generadoras, distribuidoras, comercializadoras y transportistas de energía, las cuales reciben desmesurados beneficios, y como contrapartida, con una menor demanda y en caída libre, con precios de la energía eléctrica desregulados y sin la más mínima obligación de invertir.

Vetando esta ley demuestran su incondicional cumplimiento con los mandatos del FMI.

En una actitud monárquica, desoyendo el clamor del pueblo, van por todo, diezmando sin límites los ingresos de los argentinos.
De esta manera pretenden hacer creer a la población que garantizar derechos humanos es sinónimo de ser “irresponsables”. Nada más errado y reprochable, sabiendo que el pueblo no puede pagar este tarifazo injusto e irracional.

Vetar una ley sancionada por el Congreso, que resultó producto de la movilización del pueblo, de trabajadores, de pequeños consumidores, de pymes, a lo largo de todo el país,  refleja la voluntad del gobierno neoliberal de cambiemos de considerar la energía como una mercancía en lugar de un derecho humano como herramienta de desarrollo.

Con la excusa de que esta ley es una maniobra en contra del gobierno, vetan una iniciativa que lo único que busca es proteger la vida de las familias argentinas que trabajan cada día para llevar el pan a sus hogares. Tarea cada vez más difícil para los trabajadores que hoy deben elegir entre pagar la luz o comprar la leche de los gurises, entre pagar el gas o atender la salud de los abuelos. Todo esto mientras las grandes empresas ganan cada vez más.

No es una ley en contra de Macri, es una ley a favor del pueblo argentino.